Permisología del conocimiento

Los centros de excelencia en investigación, tales como los Institutos Milenio, Centros Basales y FONDAP, son financiados por el Estado a través de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), con el propósito de generar conocimiento avanzado y contribuir a la solución de problemáticas estratégicas del país. Dichos fondos se adjudican mediante rigurosos procesos de evaluación técnica y científica, frecuentemente a cargo de paneles internacionales, que consideran la productividad de los investigadores, así como la originalidad, pertinencia, calidad y aporte nacional de las propuestas, conforme a criterios objetivos establecidos en las bases concursables.

Uno de los propósitos fundamentales de estos centros es poner sus capacidades al servicio del país, contribuyendo al desarrollo y el bienestar mediante la colaboración público-privada. No obstante, el actual clima de desconfianza ha dificultado esta articulación. Resulta paradójico que el propio Estado, siendo quien financia dichos centros, no pueda acceder directamente a sus capacidades, exigiendo en cambio su participación en procesos de licitación que privilegian aspectos administrativos por sobre criterios técnicos. Esto ha derivado en que consultoras privadas, especializadas en estos procesos administrativos, se adjudiquen fondos y operen como intermediarias, convocando posteriormente a investigadores o subcontratando profesionales sin la especialización requerida. Ello encarece el uso de recursos públicos y, en algunos casos, compromete la calidad de los resultados.

Se desaprovecha así una valiosa oportunidad de contribución directa. Es urgente revisar las barreras administrativas que impiden a estos centros de excelencia en investigación, que ya han pasado por procesos rigurosos y transparentes de evaluación, colaboraren eficazmente con instituciones públicas en la resolución de desafíos del país.

Dr. Juan Luis Celis
Profesor Titular PUCV
Investigador asociado Instituto de Ecología y Biodiversidad, IEB