Imágenes satelitales, drones y cámaras espectrales ayudarán a perseguir 30 delitos ambientales por exigencia de nueva ley

-IEB firmó convenio de colaboración con el CIDEMA de la PDI, a fin de contribuir con conocimiento especializado y material recopilado por sus científicos y las tres estaciones  biológicas ubicadas en ecosistemas estratégicos del país.

-La ley 21.595 transformó conductas que antes terminaban en multas en crímenes con pena de cárcel, pero solo cuando existe evidencia científica que cuantifique el daño.

– La Policía de Investigaciones indaga casos –tráfico de especies, incendios forestales, minería ilegal o extracción de áridos– que requieren ese respaldo para prosperar en tribunales.

Imágenes satelitales, drones, cámaras espectrales y métodos para cuantificar daños ecológicos. Esas son algunas de las herramientas que el Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB) pondrá a disposición de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) tras firmar un convenio de colaboración que busca elevar el estándar probatorio de las investigaciones penales por delitos ambientales.

El IEB opera como una red descentralizada que reúne investigadores de las principales universidades de Chile, de la Pontificia Universidad Católica, Universidad de Chile, Universidad de Concepción, Universidad de los lagos, entre otras casas de estudio, y cuenta con dos estaciones biológicas en ecosistemas estratégicos distribuidos a lo largo del país. Esa infraestructura científica y territorial es parte de lo que la PDI identificó como un activo con potencial directo para fortalecer investigaciones sobre crímenes ecológicos.

El marco legal chileno da urgencia a la alianza. La ley 21.525 modificó el umbral de penalización de ciertos daños ambientales: conductas que antes derivaban solo en multas administrativas –contaminación de aguas, extracción ilegal de recursos naturales– pueden hoy constituir delitos con pena privativa de libertad, siempre que exista evidencia científica que demuestre, cuantifique e interprete correctamente el daño. La PDI tiene hoy más de 30 delitos medioambientales y patrimoniales bajo su competencia de investigación.

Para responder a este nuevo contexto regulatorio, la entidad impulsó a partir de 2022 la creación del Centro de Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (CIDEMA, unidad que será parte del trabajo entre ambas instituciones), y comenzó a buscar aliados en el mundo científico para fortalecer sus investigaciones. El IEB, con casi dos décadas de trayectoria en ecología y biodiversidad y financiamiento basal de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), fue el punto de llegada de esa búsqueda.

Ciencia para la persecución de delitos

En las primeras reuniones entre el IEB y el CIDEMA, el instituto identificó varios recursos propios de su actividad científica con potencial para convertirse en evidencia jurídicamente válida: datos satelitales, drones, cámaras espectrales instaladas en sitios de monitoreo de ecosistemas y capacidad de asesoría para cuantificar el daño ecológico. Los primeros provienen de la infraestructura de campo con que el IEB desarrolla su actividad habitual de investigación; el último depende de las metodologías de análisis ambiental que los investigadores del centro manejan con respaldo internacional.

Marcela Verdugo, directora de la Unidad de Transferencia Tecnológica y de Conocimientos del IEB, cuenta que entre los recursos disponibles figuran «el uso de imágenes Satelitales, drones y cámaras trampa, elementos que se utilizan en el monitoreo de diferentes ecosistemas», además de «experiencias y conocimientos en temas como incendios forestales, invasiones biológicas, así como la condición experta de transformar datos complejos en evidencia técnica y protocolos”.

La evidencia de campo, sin embargo, solo tiene peso judicial si quien la analiza cuenta con respaldo científico reconocido. Ese es el núcleo del acuerdo: que la PDI pueda sustentar sus investigaciones en una institución cuyas metodologías están validadas internacionalmente. «La ciencia permite elevar el estándar de las investigaciones, aportando rigurosidad, trazabilidad y sustento técnico; el daño ambiental puede ser demostrado, cuantificado y correctamente interpretado en el marco legal vigente», explica Verdugo.

La nueva ley cambió las reglas del juego

Creado por la PDI para centralizar y profesionalizar la investigación de crímenes ecológicos, CIDEMA opera como el núcleo técnico que articula el trabajo de las nueve Brigadas de Delitos Ambientales distribuidas en el país. Su creación responde directamente a la entrada en vigor de la ley 21.595, que amplió el catálogo de conductas tipificadas como delito ambiental y elevó las exigencias probatorias para llevarlas a tribunal.

“Lo que busca el CIDEMA, en conjunto con el mundo científico, es poder derribar los mitos que aparecen en las investigaciones policiales. Esto va de la mano con el planteamiento de hipótesis y con el aporte que puede hacer el IEB, lo que es de vital importancia para nosotros. (En Chile) más de 30 delitos afectan al medioambiente y al patrimonio cultural, entre ellos casos emergentes como la extracción ilegal de áridos y la minería ilegal”, afirmó el prefecto Patricio Rojas, jefe nacional de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural.

La ley 21.595, publicada en agosto de 2023 y vigente desde septiembre de 2024, modificó de forma estructural el marco penal que regula los delitos económicos y ambientales en Chile. Su entrada en vigor sistematizó un catálogo de más de 200 delitos y creó por primera vez un estatuto específico para los atentados contra el medio ambiente, con penas que pueden llegar, en los casos más graves, hasta el presidio mayor en su grado mínimo.

El desafío más relevante para el trabajo del CIDEMA es de naturaleza probatoria. La ley regula exhaustivamente figuras penales de contaminación y daño medioambiental a través de un sistema que funciona de forma coordinada con la regulación administrativa ambiental, lo que significa que llevar un caso a tribunal exige demostrar el daño con estándares técnicos que la investigación policial tradicional no siempre puede cumplir por sí sola.

Ahí radica la pertenencia de la colaboración: aportar la capacidad científica que permita construir esa evidencia con la rigurosidad que la ley ahora exige, valoraron los firmantes. Bajo los nuevos estándares de la normativa, investigar un incendio provocado, una contaminación de acuíferos o una extracción ilegal de áridos requiere evidencia científica que vaya más allá del registro policial tradicional. Esta evidencia supone análisis de ecosistemas, cuantificación de daños o trazabilidad ambiental.

El CIDEMA existe, precisamente, para construir esa capacidad dentro de la institución policial, y el convenio con el IEB es su primera alianza formal con el mundo de la ciencia, valoró la comisaria Daniela Soto. «Se proyecta como una instancia de alto interés y muy relevante hacia el futuro. El IEB cuenta con expertise en ecosistemas, mientras que nosotros desarrollamos ciencia y tecnología al servicio de las investigaciones policiales», dijo la funcionaria.

Tipificando el daño ecológico

La cuantificación del daño es la operación central en ese proceso. No se trata solo de demostrar que un daño ocurrió, sino de establecer su magnitud, su alcance temporal, los ecosistemas afectados y las consecuencias proyectadas. Para eso se requieren metodologías de análisis ambiental que la PDI no tiene internamente y que el IEB puede aportar. «La asesoría para poder cuantificar daños es algo que nace como algo bien fundamental», sostiene Verdugo al describir lo que el instituto pone sobre la mesa.

«Con el cambio de la ley y evidencia científica que soporte estas investigaciones, algunos tipos de daños ambientales que antes solamente significaban una infracción o una multa, hoy día podrían constituir un delito y tener una pena común», señala Marcela Verdugo. La contaminación de aguas y la extracción ilegal de recursos naturales son dos de los casos que la fuente menciona como ejemplos de conductas que pueden recorrer ese trayecto si están respaldadas por análisis científico.

Entre los delitos ambientales de mayor preocupación desde el punto de vista de la biodiversidad y los ecosistemas figuran el tráfico de especies, la contaminación, la extracción ilegal de recursos naturales, la tala ilegal y los incendios forestales. Estos últimos tienen además una repercusión económica de largo alcance que justifica la persecución penal más allá del impacto ecológico directo. Desde el IEB subrayaron que la colaboración entre investigadores de ambas instituciones apunta a resolver y prevenir.

También se proyectan acciones de formación con el objetivo de fortalecer capacidades de avanzadas en el nuevo escenario regulatorio. Por ejemplo, que estudiantes de doctorado o magíster, e investigadores del centro, realicen pasantías en el interior de la PDI con foco en problemas concretos de investigación criminal ambiental. “Para el IEB, es un hito en materia de transferencia tecnológica y del conocimiento , ya que nos permite conectar la ciencia de frontera con la justicia”, concluyo Verdugo (Por Luis Francisco Sandoval, Agencia S&M Comunicaciones).