Co-crear la justicia con las comunidades locales ante los desafíos de la transición energética

Estudiar sobre las percepciones y discursos de las transiciones energéticas desde los territorios, es el objetivo de un grupo de investigadores de Chile, Ghana, Australia y Reino Unido. En total, 15 personas se reunieron a comienzos de septiembre en la Universidad de Concepción para avanzar en una propuesta, el desafío consiste en comprender qué significa una transición justa y cómo incorporar realmente a las comunidades locales e indígenas en la producción de conocimiento y en las discusiones sobre el futuro de sus territorios. 

El encuentro internacional se enmarca en el proyecto Justice in Critical Minerals Governance and Energy Transitions, liderado por el Dr. Clement Sefa-Nyarko, de King’s College London, y cuenta con la colaboración del Instituto de Ecología y Biodiversidad -IEB- en Chile, a través de la participación de su investigadora asociada Mónica Ortiz. La iniciativa reúne a investigadores y colaboradores de estos cuatro países, y parte de una pregunta que cada vez adquiere mayor relevancia frente a la transición hacia energías más limpias, ¿cómo avanzar en la descarbonización sin reproducir o profundizar las desigualdades sociales y ambientales en los territorios donde se extraen los minerales necesarios para este proceso?

La creciente demanda de minerales críticos abre nuevas posibilidades económicas y productivas, pero también genera interrogantes sobre biodiversidad, gobernanza, relaciones de poder y los costos que enfrentan los territorios y sus comunidades. En ese contexto, uno de los principales desafíos del proyecto es construir el significado de transición justa desde distintas realidades y formas de conocimiento.

Bajo esa mirada, el Instituto de Ecología y Biodiversidad -IEB- participa en esta colaboración internacional aportando desde la experiencia científica desarrollada en Chile y desde una mirada ecológica que dialoga con las ciencias sociales. La propuesta busca abordar la transición energética como un problema socioecológico, es decir,  los impactos sobre los ecosistemas no pueden separarse de las experiencias de las comunidades, sus formas de comprender y habitar los territorios y las decisiones sobre quién participa en su futuro.

 

Co-crear qué entendemos por justicia

Para Mónica Ortiz, investigadora asociada del IEB, uno de los puntos centrales es precisamente trabajar en la idea de que tener una base de justicia es un proceso gradual. “Se está empujando un discurso mundial de que lo ecológico y lo económico son compatibles. Esto es importante porque la naturaleza y la biodiversidad, es esencial para todo nuestro bienestar, salud y nuestra espiritualidad, pero también para aspectos importantes de negocio y economía. Sin embargo, escuchando y dialogando con las organizaciones y comunidades, esto debe partir con una base de justicia real y tangible, y eso todavía no lo tenemos”, destacó.

Desde esa perspectiva, señala, que es necesario preguntarse qué justicias son posibles y plausibles, y para quiénes, especialmente considerando que no todas las personas y comunidades tienen las mismas posibilidades de participar en los espacios donde se toman las decisiones. “No todos están invitados a la mesa para decidir, lo que implica un desequilibrio de poder importante. Entonces, a través de este encuentro y proyecto es justamente lo que queremos trabajar, co-crear la justicia con las comunidades locales e indígenas afectadas por las distintas manifestaciones del extractivismo. ¿Qué dicen? ¿Qué no dicen? ¿Cuándo tienen espacio para hablar y cuándo no?”, afirmó la investigadora, quien también es académica de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción y directora del programa de Doctorado en Estudios Territoriales del Sur Global. Durante cuatro jornadas de trabajo, exposiciones y terreno, el equipo trabajó en la definición de métodos, preguntas, valores y principios que guiarán las siguientes etapas del proyecto que recién comienza.

Clement Sefa-Nyarko, investigador principal del proyecto de King’s College London señala que la etnografía hermenéutica, la cual se basa el estudio, es un enfoque interpretativo que busca comprender cómo las personas dan sentido a sus realidades vividas, sus experiencias y sus aspiraciones. “En nuestro proyecto se combina el trabajo etnográfico con la interpretación de relatos, recuerdos, símbolos, expresiones creativas e incluso silencios, reconociendo que las personas comunican conocimientos y experiencias de muy diversas maneras. En esencia, este enfoque busca comprender la justicia no como un concepto abstracto definido por investigadores o responsables de políticas públicas, sino como algo que es vivido, narrado, negociado y disputado por distintos actores”, señaló Clement Sefa-Nyarko, líder del proyecto.

Esta metodología resulta valiosa pues considera a las comunidades locales como productoras de conocimiento, en lugar de tratarlas simplemente como partes interesadas a las que se debe consultar. “Mediante el análisis de las voces y los silencios en comunidades de Ghana, Chile y Australia, esperamos descubrir cómo distintos grupos comprenden los beneficios, los costos y las disyuntivas asociadas con la extracción de minerales críticos y las transiciones energéticas. De este modo, el proyecto pretende contribuir a que las políticas nacionales y globales se fundamenten en aspiraciones de justicia más representativas y en las realidades vividas por quienes se ven afectados de manera más directa por estas transiciones”, afirmó.

 

Investigar diversos territorios con sus respectivos contextos

El trabajo se desarrollará en contextos tan diferentes como Chile, Ghana y Australia. Esa diversidad plantea otro desafío, ¿cómo comparar experiencias sin imponer sobre ellas una única definición de justicia, naturaleza o desarrollo? Para el antropólogo chileno Claudio Contreras, la respuesta está en construir una aproximación no solo comparativa, sino también relacional. “Conceptos como justicia, naturaleza o desarrollo no significan lo mismo en Chile, Ghana o Australia, o el mismo Reino Unido. Cada territorio puede proyectar distintos significados. Por eso es importante indagar en las relaciones, tensiones y procesos que se producen alrededor de esas cuestiones, permitiendo que cada territorio defina, en buena medida, sus propios significados”, afirmó.

Esto supone comprender cómo las propias comunidades definen aquello que consideran justo o injusto, qué relaciones establecen con la naturaleza y qué entienden por bienestar o desarrollo. A partir de esas particularidades será posible establecer diálogos y relaciones entre los distintos casos. Los impactos territoriales no son solamente físicos o económicos, sino que también afectan memorias, identidades, prácticas culturales y vínculos afectivos.

 

Metodologías por transiciones más justas

Como bien sabemos, la transición hacia energías más limpias está aumentando la demanda mundial de minerales críticos y su extracción puede generar nuevos conflictos socioambientales perpetuando las desigualdades, ante ello queda por trabajar en transiciones justas. Clement Sefa-Nyarko, señala que esto no es algo que pueda lograrse simplemente mediante mejores tecnologías o sistemas energéticos más limpios. Depende de la calidad de las relaciones entre las comunidades, los gobiernos, las empresas y los inversores, así como también qué voces son incluidas en los procesos de toma de decisiones. “Muchos de los conflictos asociados con la minería surgen cuando las personas sienten que han sido excluidas de decisiones que afectan a sus vidas, sus tierras, sus entornos y sus futuros. Prevenir nuevas formas de injusticia requiere, por tanto, una participación significativa, el reconocimiento de diversos sistemas de conocimiento, transparencia y disposición para dialogar sobre distintas concepciones, a veces contrapuestas, de lo que significa la justicia”, destacó.

El objetivo no es lograr una transición perfectamente justa “sino preguntarnos entre varios si podemos avanzar hacia transiciones más justas. Alcanzar un consenso absoluto puede ser poco realista, especialmente cuando existen intereses y valores diferentes. Sin embargo, es posible lograr una mayor convergencia en torno a principios ambientales, sociales y de gobernanza mediante el diálogo y la comprensión mutua”, destacó el investigador.

Este proyecto parte de la convicción de que si se comprende mejor cómo los distintos actores definen y experimentan la justicia, se podrá contribuir a sentar bases más sólidas para la cooperación, reducir los conflictos y promover transiciones energéticas que sean ambientalmente sostenibles y socialmente legítimas. Este primer encuentro definió el camino de la investigación internacional y la construcción de herramientas para relacionar las distintas experiencias territoriales, y un desafío socioecológico local para entender cómo caminar en esta transición y aportar por la justicia social.